Uno de los objetivos de la legislación laboral es tutelar el derecho al trabajo.

En tal sentido, se busca proteger al trabajador contra el despido arbitrario.

La estabilidad en el empleo tiene raigambre constitucional. Es el derecho que tiene el trabajador a la vigencia de la relación laboral por el tiempo convenido, sea a plazo determinado o indeterminado.

La estabilidad puede ser propia o impropia.

• La estabilidad propia a su vez puede ser absoluta o relativa. Es absoluta cuando las normas aplicables establecen la imposibilidad jurídica de extinguir la relación laboral sin causa, en este caso el empleador debe reincorporar al trabajador. Es el caso del empleo público, donde la causa de despido debe instrumentarse y resolverse mediante la tramitación de un sumario administrativo.

En nuestro derecho, la única que podría considerarse estabilidad propia relativa es la del representante gremial y está regulada en el artículo 52, ley 23.551. En dicho caso, el empleador deberá abonar una indemnización agravada.

• La estabilidad impropia es la aplicable a la generalidad de los casos en el ámbito privado. Cuando el empleador no le garantiza estabilidad laboral al trabajador, deberá indemnizarlo en caso de que el despido sea arbitrario.

De esta forma se busca imponer una sanción pecuniaria al empleador, la cual cumple una triple función disuasoria del despido antijurídico.

• Disuasiva, atento al elevado costo para el empleador.

• Sancionatoria: imponiendo una pena económica al empleador por su decisión arbitraria.  

• Reparatoria para el trabajador por los daños derivados del despido incausado.